La austeridad para los otros

-------- Mensaje original -------- Asunto: Facturas para todos Fecha: Mon, 20 May 2013 13:56:17 +0200 De: Antonio Rojas Romero Para: cartasdirector@elpais.es, cartas@publico.es, cartas@diariodesevilla.es, redaccion@correoandalucia.es, andalucia@elmundo.es, zona20sevilla@20minutos.es Sr. Director: He recibido por correo electrónico un mensaje relacionado con las facturas virtuales que determinados gobiernos autonómicos entregan a los usuarios de la sanidad pública para que sean conscientes del coste de las intervenciones quirúrgicas, pero donde se hace también alusión a que dichas facturas también se le deberían entregar a los cargos públicos para que se concienciaran de los costes que suponen para el erario público, cuando, por ejemplo, utilizan "su" coche oficial, que en realidad es "nuestro" coche oficial, puesto que la adquisición y el mantenimiento corre a nuestra costa. Esto viene a cuento de que con motivo de la entrega del I Premio "Sabino Fernández Campos" el pasado día 13 de mayo, los aledaños del Archivo de Indias estaban atestados de coches oficiales, tanto de autoridades civiles como militares. Y yo me pregunto, ¿es necesario utilizar el coche oficial para asistir a un evento de ese tipo?¿Se puede invadir con vehículos una zona de la ciudad donde no se permite el aparcamiento?¿Ese es el ejemplo que dan a la ciudadanía a la que permanentemente están pidiendo y aplicando la austeridad? Claro que a lo mejor, por las características del acto, todo se debe obviar en aras de una "convidá a Patria", según la expresión de Antonio Burgos. Para mí el patriotismo tiene otro significado. Antonio Rojas Romero

La represión política en la inmediata Posguerra en Alanís

1 La represión política en la inmediata Posguerra en Alanís En primer lugar, me gustaría aclarar las circunstancias que han concurrido para que me decidiera a realizar un pequeño trabajo de investigación sobre la represión política en mi pueblo en los años inmediatamente posteriores a la terminación de la Guerra Civil. Es cierto que en los más de 25 años que me dediqué a la docencia en la Enseñanza Secundaria siempre procuré concederle un papel importante en la programación a la Historia Contemporánea de nuestro país, pues todos sabemos que los temas relacionados con la Segunda República, nuestra guerra fratricida, la España franquista, la Transición , y , no digamos nada, la reciente etapa democrática (?), normalmente no se impartían. Son diversas las razones que se pueden apuntar para explicar esto, algunas muy socorridas, como la consabida falta de perspectiva histórica. Pero en el fondo lo que subyace es un cierto recelo, por no decir temor, a abordar el conocimiento de los hechos más recientes, cuando todos sabemos que precisamente estos acontecimientos son los que tienen una mayor influencia sobre la sociedad actual, y seguramente los lodos de la crisis que hoy padecemos tienen su origen en los polvos de los acontecimientos ocurridos en las mencionadas etapas. Incluso cuando era jefe del Departamento de Geografía e Historia, tanto en la programación inicial del curso como en el posterior seguimiento de la misma, siempre procuré que se impartieran los últimos temas del programa, aunque era consciente de mi escaso éxito. Pero en honor de la verdad nunca me preocupé por compartir la docencia con la investigación, tal vez porque consideraba que eran difíciles de compaginar ambas actividades, si realmente uno quiere cumplir dignamente con su trabajo remunerado, es decir, con la enseñanza. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que desempeñen eficazmente ambas tareas, y todos conocemos a personas que son buenos profesores a la vez que unos eficaces investigadores. Podemos decir que la razón fundamental que ha impulsado a llevar acabo un pequeño trabajo de investigación ha sido rendir un humilde homenaje a esos hombres y mujeres de mi pueblo, Alanís, que sufrieron las represalias de los militares sublevados de diferentes maneras, en muchas ocasiones perdiendo lo más preciado que tenemos, la vida, y el caso que yo estoy analizando algo tan fundamental para el ser humano como la libertad. Sí, me decidí a dar el paso a la vista de una relación de presos procedentes de mi pueblo incluida en un anexo del libro “Miseria y represión en Sevilla (1939-1950)” de la profesora María Victoria Fernández Luceño, pero eso sería como el empujón final, pues estaba decidido a poner mi granito de arena en la búsqueda de la clarificación de los hechos, siquiera sea para combatir el cúmulo de mentiras que han intentado imbuirnos durante tantos años. En honor de la verdad debo admitir también que me he animado por ser un asistente asiduo de las actividades programadas por el Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica y observar el ímpetu y la energía que le imprimen al análisis de los hechos recientes de nuestro pasado personas como Juan Ortiz Villalba y Joaquín Octavio Prieto Pérez. Pero además habría que tener en cuenta otros factores importantes como sería el disponer de más tiempo libre debido a la jubilación y también la libertad que genera el hecho de no vivir en el pueblo desde hace ya muchos años, pues aunque han pasado ya más de 70 años puede ser que algunas personas no vean con buenos ojos la resurrección de unos hechos interpretados con una óptica distinta. Pero este problema no me preocupa, después de tantos años de tener que soportar una visión muy interesada y sectaria de nuestra reciente historia. Sin embargo, el largo tiempo transcurrido tiene para mí un grave inconveniente cual es que ya no podemos disponer de las fuentes orales de primera mano, es decir, de los protagonistas, en este caso concreto de las víctimas de la represión. En este sentido yo entono mi propio “mea culpa” pero también critico duramente a los sucesivos gobiernos de España, especialmente los de izquierda, que por una serie de motivos no suficientemente explicitados han tardado demasiado tiempo en abordar el incómodo tema de la memoria histórica. Pareciera que estuvieran esperando que todos los represaliados hubiesen desaparecido de la faz de la tierra. 2 Mi estudio abarca solo el período inmediatamente posterior a la terminación de la Guerra, es decir, entre 1939 y 1950 aproximadamente. Esto no quiere decir que ignore completamente los hechos relacionados con el propio desarrollo de la contienda bélica ni tampoco los años de la Segunda República, puesto que en los interrogatorios a los que se ven sometidos los represaliados políticos se les preguntaba sobre su actuación a partir del 6 de octubre de 1934, fecha en la que tuvo lugar la denominada revolución de Asturias (en realidad fue el 5) y la insurgencia separatista en Cataluña. Estamos ya por lo tanto en una nueva fase del proceso represivo en España. Ya ha pasado la etapa más dura, caracterizada por la aplicación implacable de los bandos de guerra, etapa que terminó en Andalucía a finales de febrero de 1937. Precisamente, a la terrorífica primera etapa corresponden la mayor parte de las víctimas mortales de la represión en Alanis. Concretamente, según los datos aportados por José María García Márquez en su reciente libro “Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla”, de las 32 personas fusiladas por los golpistas, 29 lo fueron el año 1936, por la simple aplicación de los bandos de guerra. Entre ellos habría que anotar los 5 que fueron fusilados en las tapias del cementerio el mismo día que en pueblo se celebraba la festividad de la patrona, la Virgen de las Angustias. Otra particularidad a tener en cuenta es que en esa relación no se incluyen personas que fueron fusiladas en Cazalla de la Sierra, como el propio alcalde de Alanís, José García Galindo, y el teniente de alcalde Manuel García Espínola, asesinados también el mismo año 1936. En definitiva, si comparamos la represión llevada a cabo en Alanís con la de los pueblos del entorno es cierto que es menor en términos absolutos, a excepción de San Nicolás del Puerto, puesto que tanto en Constantina, como en Cazalla de la Sierra o como en Guadalcanal, las cifras de víctimas mortales son más numerosas, pero hay un dato importante a tener en cuenta. Pudiera pensarse para tratar de explicar esas terribles matanzas que fuesen en cierta manera como un acto de represalia para vengar la muerte de muchas personas de derechas caídas en esos pueblos. Pero en mi pueblo solo están documentadas las muertes de tres personas : dos cayeron el día 17 de agosto de 1936, en el contraataque efectuado por los elementos izquierdistas para intentar tomar el pueblo, ambos por supuesto, derechistas, Manuel Fernández Cáceres, y Julio Ercilla, afiliado a la Falange, y Antonio Palacios Romero, guarda de campo, muerto en circunstancias extrañas, en la finca “La Chirivia”, atribuida a los “rojos”, que también tuvo lugar el año 1936. Así que me parece exagerada a todas luces la “limpieza” efectuada, pues estamos en la proporción exagerada de 10 víctimas en el bando perdedor por solo una en el ganador. Habrá que profundizar más en este aspecto. Las fuentes documentales que he utilizado para realizar el trabajo de investigación hasta ahora ( puesto que el trabajo está inconcluso) son tres. En primer lugar, los expedientes depositados en el archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, donde se encuentran los documentos procedentes de la Auditoría de Guerra de la Segunda Región Militar; los expedientes procedentes de la Prisión Provincial de Sevilla, depositados en el Archivo Histórico Provincial; y los documentos correspondientes a esos años del Archivo Municipal de Alanís. Sin lugar a dudas, el más importante en mi investigación ha sido el primero. Estos archivos plantean varios problemas. En primer lugar no están correctamente ordenados ni están los expedientes de muchas personas completos. En este sentido destaca el Archivo Municipal, del que misteriosamente han desaparecido las actas capitulares correspondientes a los años 1938, 1939 y 1940. Pero hay otro problema, para mí más importante. El contenido de los documentos refleja casi exclusivamente el punto de vista de los vencedores en la Guerra Civil. Esto no es nada nuevo. Siempre hemos oído decir que la Historia la escriben precisamente los vencedores. Por lo tanto, el investigador tiene que hacer en este supuesto una reinterpretación de los hechos descritos, pero teniendo sumo cuidado de no caer en el maniqueismo. Aquí se pone a prueba la honestidad del investigador, por mucha simpatía que le inspire el bando de los perdedores. Tiene que hacer el esfuerzo de trasladarse mentalmente a aquella época con el objeto de aproximarse lo máximo posible a un fiel conocimiento de los hechos. 3 La fase represiva analizada en este trabajo está basada en la aplicación de los denominados jucios sumarísimos, que en alguna ocasión se convierten en juicios sumarísimos de urgencia. La visión del término nos conduce a unos procesos judiciales de tipo inquisitorial caracterizados por la aplicación muy rigurosa del ordenamiento legal vigente y diligenciados con la máxima rapidez. Pero la realidad no concuerda con esta interpretación, puesto que sí es cierto que se detecta una gran puntillosidad a la hora de aplicar todo el articulado tanto de las leyes heredadas, aunque sea manipulándolas, como con la nueva legislación creada “ad hoc” para intentar resolver el atasco monumental creado en el aparato judicial militar por el ingente número de causas, llega un momento en que las autoridades militares golpistas se muestran incapaces de administrar adecuadamente todos los procesos judiciales. Ello genera retrasos que afectan negativamente sobre todo a los encartados en dichos procesos, cuyas prisiones preventivas se alargan en demasía. ¿Cuáles eran las fases ordinarias por las que pasaba un procedimiento sumarísimo? En primer lugar, estaba el acto de presentación obligatorio ante el comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo. El presentado portaba a veces un salvoconducto que le habían entregado en el lugar donde se encontrase al término de la Guerra Civil. En el cuartel de la Guardia Civil se le practicaba un atestado o se rellenaba la llamada ficha clasificatoria. Se le preguntaba sobre sus actividades tanto antes como después del golpe de estado, y por supuesto, sobre su actuación en la zona republicana y también en los días del llamado en los documentos“dominio rojo” en Alanís, es decir, entre el 18 de julio de 1936, y el 14 de agosto de ese mismo año, el día que una columna militar mixta al mando del sargento de la Guardia de Asalto Crescencio Vergara tomara el pueblo. Inmediatamente acudían al cuartel los elementos derechistas del pueblo, ávidos de ser los primeros en declarar sobre la actuación del presentado, claro está, siempre en clave negativa, puesto que hay que tener en cuenta que estos informantes estaban adscritos todos a la Falange, un partido político de marcado carácter fascista que se había incrementado en el pueblo exponencialmente, y, además, la mayoría de ellos formaban parte del grupo de las 32 personas de derecha que en el menos de un mes que duró el mandato del Comité que se estableció en el pueblo, fueron detenidas e internadas en la capilla de la Veracruz. El comandante del puesto de la Guardia Civil solía terminar todo el trámite en un solo día y enseguida detenía al presentado y lo conducía al campo de concentración de La Rinconada. Simultáneamente remitía todo el expediente al presidente de la Comisión Clasificatoria de Prisioneros y Presentados, radicada en Sevilla. En la segunda fase, el Auditor de Guerra del Ejército de Operaciones del Sur (después se transformará en el Auditor de Guerra de la Segunda Región militar) ordenaba a un juez militar de la plaza de Cazalla de la Sierra, cabeza del partido judicial, que incoara al presentado un procedimiento sumarísimo de urgencia. El nombrado juez instructor emitía una providencia decretando el inicio del procedimiento que incluía el traslado del encartado normalmente desde el campo de concentración de Sanlúcar la Mayor ( al que había sido trasladado desde La Rinconada) y los preceptivos informes de algunos vecinos del pueblo, lógicamente, todas deberían ser “personas de orden”, de “reconocida solvencia” y , muy importante, “adictas desde el principio al Glorioso Alzamiento Nacional”, y también de las nuevas autoridades locales, tanto las civiles como la militar. En este aspecto hay unos nombres que se repiten machaconamente en los documentos. Así aparecen como informantes el alcalde-presidente de la Comisión municipal gestora, Antonio Reyes Chavero; el jefe local de la Falange, José Muriana Espínola; y el juez municipal, Rafael Contreras Diéguez. El nombre que más aparece en el papel de comandante militar de la plaza de Alanís, que curiosamente se autoenvíaba los informes elaborados en calidad de comandante del puesto de la Guardia Civil,es el del cabo Antonio Gómez Ponce. Hay que añadir que el juez militar instructor también requería del juez municipal sendos certificados sobre el inculpado, relativos a si su nombre figuraba inscrito en el libro de nacimientos del Registro Civil y también en el Censo electoral local. En este último aspecto, lo más curioso es que le comunicara sistemáticamente al juez instructor que los nombres de los inculpados no aparecían inscritos en el Censo electoral. 4 Un aspecto digno de resaltar que fue precisamente el juez municipal fue uno de los que actuó más veces como testigo de cargo a nivel particular, aparte de los informes en función de su cargo. Una vez recabada la información, tanto de los testigos de cargo como de las autoridades locales, el juez militar instructor decretaba un auto de procesamiento contra el encartado, en cuyo CONSIDERANDO se exponían los delitos de que se le acusaban y de le ratificaba la prisión preventiva. Seguidamente le practicaba la declaración indagatoria, que terminaba con la citación por parte del procesado de los nombres de vecinos que podían actuar como testigos de descargo. Ya solo le quedaba un trámite al juez militar instructor, que consistía en la redacción del auto-resumen, donde sintetizaba los hechos acaecidos, y permitía al procesado nombrar un defensor de los que formasen el turno y también aportar al Consejo de Guerra las pruebas que considerara oportunas, dando por concluido el procedimiento, que luego remitía a la Auditoría de Guerra. Allí se examinaba la tramitación de la causa, y, en el supuesto de considerarla correcta, se remitía al presidente del Consejo de Guerra Permanente nº 2 de Sevilla. De esta manera la causa pasaba a la fase de plenario, pendiente de que se celebrase el correspondiente Consejo de Guerra. Aquí era donde se solía producir el atasco, especialmente cuando el Auditor de Guerra no estaba de acuerdo con la tramitación del procedimiento. En ese caso pedía un dictamen al Fiscal jurídico-militar y designaba un nuevo juez instructor. Así había procedimientos en que intervenían varios jueces instructores, los cuales nombraban a sus respectivos secretarios, produciendo una maraña burocrática considerable. Finalmente, se celebraba el Consejo de Guerra, que solía juzgar a varios procesados en cada una de las sesiones y en los que normalmente el defensor solía tener un papel poco destacado, aunque a veces conseguía una rebaja significativa de las penas solicitadas por el fiscal. Seguidamente paso a exponer de forma sintética algunos aspectos relacionados con los expedientes de represaliados analizados. Respecto al sexo, la inmensa mayoría eran hombres. De un total de 46 expedientes solo aparecen cuatro mujeres, que fueron acusadas de un delito de adhesión a la rebelión militar en el único Consejo de Guerra de Urgencia Sumarísimo (sic), celebrado en Cazalla de la Sierra los días 6 y 7 de octubre de 1939, del cual salieron absueltas. La edad media de los represaliados era de 34 años, teniendo el más joven tan solo 20 años, y el mayor, 58. Respecto a la profesión, había una mayoría aplastante de trabajadores del campo, concretamente 33. Casi todos eran vecinos de Alanís, pero había 3 residentes en San Nicolás del Puerto, uno en Cazalla de la Sierra, uno en la Puebla de los Infantes y uno en Constantina. En relación con su filiación política y/o sindical, he detectado 10 afiliados a la CNT, 8 a la UGT, 6 al PSOE, uno a Unión Republicana, uno a Izquierda Republicana, uno a las Juventudes Libertarias y uno a las Juventudes Socialistas. Entre los delitos de que se acusaban a los encartados, figuraban entre los más destacados los de “auxilio a la rebelión militar” (25) y “adhesión a la rebelión militar” (12). En cuanto a las condenas impuestas, oscilaban entre una prisión correccional de 3 años, condena que afectó a tres procesados, y una condena de 30 años impuesta a un solo procesado. Pero en este punto habría que decir que no he visto ningún caso en que un condenado cumpliese totalmente la pena impuesta, puesto que por factores socioeconómicos el propio Régimen franquista se preocupó de aligerar la población carcelaria, bien a través de sucesivos decretos y leyes, con el objeto de impulsar la libertad condicional y la atenuada, o derivando a los presos a las Colonias penitenciarias de trabajadores, en las que los reclusos aceleraban la redención de sus penas y el Estado y empresas particulares se beneficiaban del trabajo de los condenados. También he encontrado cuatro casos de sobreseimiento y 7 de absolución, aunque en ambos supuestos no se libraron de sufrir la correspondiente prisión preventiva. 5 Hay algunos aspectos que me han llamado especialmente la atención. Entre ellos se pueden destacar: 1.En relación a los testigos, resulta curioso que los inculpados nombrasen como testigos de descargo a vecinos significados derechistas del pueblo caracterizados por su importante papel como informantes para los jueces instructores, bien como testigos de cargo o como autoridades locales. El caso más significativo es el de José Muriana Espínola, nombrado en cinco ocasiones, cuando todos sabemos que era el jefe local de la Falange. Eso sí, no he encontrado ningún caso en que actuara como testigo de cargo a título individual. Siempre lo hizo en función de su cargo. Mas chocante resultaba todavía que una misma persona actuase al mismo tiempo como testigo de cargo y de descargo. Así ocurrió en el procedimiento entablado contra Manuel Rodríguez Guerrero, en el cual Antonio Reyes Chavero actuó en el doble papel. 2.La adulteración sistemática del lenguaje que aparece reflejada en los documentos. Muchos términos requieren una reinterpretación, pues los textos están llenos de términos estereotipados y de eufemismos que no se ajustan a la realidad. Expresiones como “comité rojo”, “zona roja”,comité marxista”, “zona marxista”, “liberación del pueblo”, “gente de orden”, “persona solvente”, “ejército rojo”, “ejército marxista”, “pésima conducta”, etc. A lo que en realidad fue un cruento golpe de estado lo llaman “Glorioso Movimiento Nacional” o “Glorioso Alzamiento Nacional”. 3.Algo realmente irónico, pues entre las penas accesorias de las condenas aparecía la pérdida del derecho de sufragio durante todo el tiempo de la condena, cuando todos sabemos que dicho derecho no se puede ejercer realmente en una Dictadura, salvo en los referéndums convocados por el Régimen, tendentes a intentar conseguir un mínimo de legitimidad. 4.Concederle una mayor gravedad en las sentencias judiciales a las guardias efectuadas en la cárcel donde estaban detenidos los presos derechistas en comparación de las guardias hechas en otras zonas del pueblo, cuando es bien sabido que gracias a dichas guardias no peligraron las vidas de dichos prisioneros ante la llegada de gente exaltada de izquierda procedente de los pueblos tomados por los golpistas. 5.Solo aparecen los apelativos en el caso en el caso de los represaliados, y quizás en algunos testigos de cargo. Jamás en el supuesto de los testigos de cargo. Solo se aplica el tratamiento de “Don” a la gente de derecha, jamás a la de izquierda. 6.La aberración que supone basar una sentencia judicial y su correspondiente fallo en un bando de guerra, sobre todo el de 28 de julio de 1936 y en unos artículos del Código de Justicia Militar de 1890 completamente tergivesados, especialmente el 237, el 238, el 240 y el 241. 7.La dignidad, el compañerismo y la solidaridad desplegada por las víctimas de la represión, que, salvo muy rarísimas excepciones, no mencionaron en los procedimientos judiciales los nombres de las personas que los acompañaban cuando realizaban los actos delictivos de que les acusaban. Para finalizar presento una serie de conclusiones: Primera.- El control absoluto desempeñado por los militares a lo largo de todo el proceso represivo, desde el principio hasta el final. El Auditor de Guerra de la Segunda Región Militar era la figura clave en la toma de decisiones, incluso después de la celebración del Consejo de Guerra, pues era el que recomendaba al Capitán General la aprobación y ejecución de la sentencia, y, en el supuesto de que no estuviese de acuerdo con la misma, podía revocarla y plantear una nueva instrucción del procedimiento. Los informantes, tanto a nivel individual como en función de su cargo, eran unos meros peones del engranaje represivo. Segunda.- Aunque fueron los militares los que controlaron totalmente el proceso represivo, este tuvo un componente político muy destacado. Ello se ponía de manifiesto en los interrogatorios, algunas de cuyas preguntas tenían un gran componente político. Esto se ve muy claro en las declaraciones indagatorias, cuyas primeras preguntas eran del siguiente tenor: ¿A qué partido polí- 6 algunas de cuyas preguntas tenían un gran componente político. Esto se ve muy claro en las en las declaraciones indagatorias, cuyas primeras preguntas eran del siguiente tenor: “¿A qué partido polí- tico perteneció antes del Glorioso Movimiento Nacional?” “¿Qué candidatura votó en las elecciones de febrero de 1936?” El mero hecho de haber participado como apoderado de mesa en dichas elecciones suponía una circunstancia agravante y no digamos ya haber desempeñado un cargo político, aunque fuese de simple concejal. Esto hubiese sido determinante en el primer período represivo, pudiendo conducir a la pena de muerte. Tercera.- En relación con la anterior conclusión, muchas de las personas inmersas en los procedimientos sumarísimos salvaron sus vidas porque abandonaron rápidamente el pueblo antes de que entrara la columna militar que lo tomó. Ellos mismos pusieron de manifiesto al ser sometido a los interrogatorios que abandonaron el pueblo porque sentían miedo ante los rumores de los asesinatos perpetrados por los fascistas y por los moros, mientras que los encargados de aplicar la represión argumentaban que habían huido porque no eran afectos al Glorioso Movimiento Nacional. En este sentido hubo dos personas que casi con toda seguridad hubiesen sido fusiladas de haberse quedado en el pueblo. Me estoy refiriendo Manuel Guerrero Carranco y Manuel Guerrero Gajete, ambos concejales del Ayuntamiento de Alanís cuando estalló el levantamiento militar. Hubiesen corrido la misma triste suerte que el alcalde y el teniente de alcalde, a pesar de que el primero,afiliado al PSOE, se enfrentó a los que pretendían quemar las imágenes de la iglesia parroquial y también defendió a los presos derechistas contra los que querían sacarlos de la cárcel para fusilarlos. Pues bien, el fiscal pidió para él en el Consejo de Guerra la cadena perpetua, aunque al final fue condenado solo a la pena de diez años de reclusión mayor. Cuarta.- Los procedimientos sumarísimos fueron unos siniestros simulacros de procesos judiciales, carentes de toda legitimidad jurídica, que significaron la utilización de leyes existentes y otras creadas “ex profeso” para llevar a cabo una cruel represión aparentemente legal, en la que las personas afectadas quedaron desprovistas de cualquier posibilidad de una defensa eficaz y completamente a merced de unos tribunales totalmente espurios.

Participación en cuatro actos culturales

El lunes, 6 de mayo, asistí a una mesa redonda en el salón de actos de la Facultad de Derecho, tittulada "Crisis de confianza en los partidos y el sistema electoral", la primera de las programadas para el Ciclo de Encuentros por la asociación denominada "Sevilla Abierta". Participaron 4 ponentes, cuyos nombres son Antonio Porras Nadales, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla; Juan Rivera Mata, socio director del "European Instittute Leadership" ; Alberto Revuelta Lucerga, abogado y presidente del Comité "René Cassin" y actuó como moderadora Raquel Rico, profesora de la Facultad de Derecho y miembro de la entidad encargada de la programación del C iclo.

 Debo decir que la mayor arte de las ideas que aportaron ya las tenía asumidas hace tiempo. Así, respecto a las socorridas listas abiertas se uso de manifiesto que podrían mejorar el sistema democráticio represenrativo, pero que tampoco era la panacea, pues para la elección de los senadores en el caso de España ya se utilizan listas abiertas y la mejora está por ver. En cuanto a la posibilidad de acudir más a los referéndums, se puso de manifiesto que puede ser efctivo para paises pequeños y con gran tradición en ese sentido, como es el caso de Suiza, pero que precisamente en España el régimen franquista, nada democrático, convocó varios de ellos. Si se mosttraron todos de acuerdo en que en el caso español estamos suumidos en una auténtica partidocracia y que hace falta una profunda regeneración política, cuya realización necesita el aoyo masivo de la ciudadanía, no confiando en que los propios partidos la lleven a cabo de "motu propio". Otra idea que apareció que sería necesario aplicar las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información a los procesos electorales y también se habló acerca de los disttritos elctorales más adecuados para un sistema electoral más justo.

  El jueves, día 9, participé en dos eventos culturales que yo mismo me había encargado de gestiionar para el grupo de profesores jubilados que aproximadamente cada mes organizamos una salida cultural.

  En primer lugar visitamos el nuevo Museo del mudéjar, establecido desde hace muy poco tiempo en el remozado palacio de los marqueses de La Algaba. Aquí nos sirvió de guía el mejor de los posibles indiscutiblemente, pues no en vano ha sido el artífice fundamental de la instalación del mismo. Me estoy refiriendo obviamente a Juan Luuis Ravé, antiguo compañero mío en el institutto "Martinez Montañés". Ante un grupo bastante numeroso, unas 30 personas, nos explicó primero los aspectos arquitectónicos más destacados, basándose en la fachada, la portada y en los patios interiores fundamentalmente, y después en la primera planta nos fue describiendo y explicando las piezas más significattivas del conjunto, incluyendo el origen de las mismas. Es un conjunto bastante completo para hacerse una buena idea del significado del legado mudéjar en la ciudad de Sevilla, que, según el punto de vista del propio Juan Luis no se puede considerar como un estilo artístico diferenciado, sino como una mezcla de diferentes estilos. Quizás la pega fundamental que se pueda esgrimir sea que el espacio expositivo es demasiado reducido La visita culminó con una rápida visión del exterior y del interior de la parroquia aledaña del "Omnium Sanctorum".

 Seguidamente nos dirigimos al Espacio Cultural de Santa Clara, donde teníamos cita para realizar una visita guiada a la exposición titulada "Santas de Zurbarán.Devoción y persuación". Allí nos dividieron en dos subgrupos y primero visitams los cuadros de la planta baja, donde casi la mitad de los expuestos proceden del Museo Provincial de ellas Artes de Sevilla,concretamente 8, y el resto tienen diversas procedencias. La chica que dirigó nuestra visita se había aprendido fundamentalmente las leyendas concernientes a cada una de santas, no tratando apenas los aspectos artísticos, para mí mucho más interesantes. Claro que los guías no tiene la culpa de ello, pues se supone que los someterán a un cursillo previo y en la visita sueltan la información que han recibido. La visita a la sala de los maniquíes me interesó menos, entre otras cosas porque ya estaba un poco cansado.

  Esa misma tarde asistí a la primera conferencia incluída en las II Jornadas sobre la Guerra Civil y la represión en la provincia de Sevilla, organizada por la Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica "Manuel Barrios Jiménez", que tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de la Provincia. Fue impartida por uno de los mejores especialistas de ese triste período de la recientte Historia de España, Juan Ortiz Villalba. El título de la misma fue "Las columnas mixtas del ejército sublevado en la provincia de Sevilla". Primero quiso aclarar el término "columna", entendido en el ámbito militar, y en este sentido manifestó que era uuna agrupacióin heterogénea, formada por elementos militares y civiles dererchistas de tamaños muy diversos. En el caso de la provincia de Sevilla los dos focos fundamentales de las columnas sublevadas fueron Sevilla y Écija. Se refirió especialmente a las columnas procedentes de la última ciudad, puesto que las de Sevilla las había tratado ya en intervenciiones anteriores. Un propósito fundamental de dichas columnas fue dejjar expedito el camino desde Sevilla hasta Córdoba, y a nivel provincial la columna de los sublevados más importante fue la dirigida por el comandante Castejón, que por cierto tuvo algún roce con la dirigida por el terrateniente Carranza.Respecto al bando republicano no cree apropiado dar la denominación de columna al grupo capitaneadoi por el alcalde de Peñaflor. Sí se puede considerar como tal en cambio la dirigida por el alcalde de La Roda de Andalucía.

   Lo más destacado, como siempre, fue la capacidad der almacenar en su memoria un infinitto número de nombres, y establecer las oportunas relaciones entre ellos.