viernes, 12 de julio de 2013

Una denuncia insólita

UNA DENUNCIA INSÓLITA Hace unos días leí en la prensa una noticia que me llamó la atención. Hacía referencia a la situación desesperada por la que que estaban pasando 120 trabajadores y trabajadoras búlgaros en la finca “Campos de Lepe”, ubicada en el término municipal de Cartaya, en la provincia de Huelva, una explotación dedicada al cultivo de la fresa. El calvario de estos jornaleros inmigrantes deriva de que el empresario lepero que los contrató, llamado Antonio Rodríguez, les adeuda en concepto de jornales unos 250000 euros, y hasta ahora todos los esfuerzos que han efectuado para cobrarlos han resultado infructuosos. Es cierto que lo han denunciado ante la Guardia Civil, que ha imputado al patrón un delito contra el derecho de los trabajadores , pero después de prestar declaración ha quedado en libertad con cargos. Están pasando auténticas necesidades, con graves problemas de alimentación y de suministro de agua potable. Se encuentran totalmente desamparados y mientras tanto el individuo que los contrató tiene la osadía y la desfachatez de exigirles 100 euros a cada uno de los trabajadores en concepto de alojamiento, en unos módulos desmontables situados junto a los invernaderos. Parece mentira que estemos ya en pleno siglo XXI y en un país donde los políticos alardean que gozamos de un Estado de Derecho. ¿A qué viene todo este preámbulo? Sencillamente porque por una situación parecida pasaron 18 trabajadores y trabajadoras de Alanís en el año 1938, es decir, en plena Guerra Civil. El caso se puede rastrear acudiendo al Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, en una causa tipificada como Información, en el legajo 37, número de orden 7677, fondo 8000. Se trató de una denuncia conjunta firmada por todos ellos, aunque algunos lo hicieron por medio de otra persona, por ser analfabetos. La denuncia la encabezaba el nombre del encargado de la cuadrilla de trabajadores, Fructuoso Gajete Villar, e iba dirigida contra el empresario del pueblo que los contrató, Francisco Alba Espínola, y contra uno de sus socios residente en Sevilla, Manuel Aguilar Romero. Les exigían el abono de los jornales que les adeudaban, por los trabajos realizados en varios ranchos de los términos municipales de Alanís y Guadalcanal, relacionados con la elaboración de carbón vegetal. Hay que tener en cuenta que en aquella época este combustible era muy importante sobre todo en el ámbito de las cocinas. El texto íntegro de la denuncia, dirigida al comandante militar de la Plaza de Alanís, que era al mismo tiempo el comandante del Puesto de la Guardia Civil, es el siguiente: “Los que suscriben, Fructuoso Gajete Villar, Manuel Villafuerte Rodríguez, Ángel Rodríguez Carranco, Manuel Falcón, Francisco Román Castillo, Manuel Espínola Expósito, Antonio Gajete Villar, Antonio Rodríguez, Francisca Falcón, Manuela Bernal, Dolores Izquierdo, Manuel Arroyo, José Blanco, José Grande, Manuel Gajete, Antonio Antúnez, Rafael Villafuerte y Antonio Ortiz, el primero Encargado, y los restantes obreros agrícolas, todos mayores de edad y de esta vecindad, ante Vd. con el debido respeto y consideración exponen: PRIMERO.- Que desde el mes de Abril, con ligeras diferencias unos de otros, del año 1937, hemos estado trabajando en faenas de tala y arranque de encinas para la elaboración de carbón, a las órdenes del Patrono Dn. Francisco Alba Espínola, vecino de esta Villa, con sueldos los primeros quince días de 3,50 ptas. por día y comida, y a partir del 15 del mes que nos referimos se nos aumentó dicho sueldo a 5 ptas. día y comida, habiendo cobrado nuestros jornales con puntualidad de manos del Patrono hasta el 23 de Febrero del año en curso. SEGUNDO.- Que a partir de la fecha indicada en el apartado anterior, se nos adeuda la cantidad aproximada de 1340 pesetas, por el concepto de jornales devengados. TERCERO.- Que la oportuna reclamación de esta cantidad por la vía judicial al Patrono Dn. Francisco Alba no se ha interpuesto porque nos consta que el 6 de Marzo del año en curso el contratista de los carbones o socio de éste, Dn. Manuel Aguilar, vecino de Sevilla, ante los obreros Manuel Villafuerte, Antonio Gajete, Antonio Rodríguez, Francisca Falcón, Manuela Bernal y Dolores Izquierdo, en ocasión de venir por carbón al rancho prometió el pago de los jornales reseñados en el apartado 2º de este escrito, que nos adeudaba el Sr. Alba, habiendo continuado los trabajos porque el Sr. Aguilar, según prometió, seguiría pagando con puntualidad también los jornales que sucesivamente se fueran devengando. CUARTO.- Que cada vez que hemos acudido al Patrono Dn. Francisco Alba, en reclamación amistosa de la cantidad que se nos adeuda, nos contesta que dejó de ser dueño de los trabajos desde el momento que el Sr. Aguilar se encargó de pagarnos, por cuyo motivo, y viendo que transcurren los días sin que el Sr. Aguilar, que se llevó el carbón, ni el Sr. Alba, nos abonen la cantidad que se nos adeuda , acudimos a Vd. en súplica de que se digne ordenar al que de los dos Sres. nombrados corresponda, nos sean abonados los jornales que se reclaman y que se nos adeudan y con ello se hará la recta y cunplida (sic) justicia que es de esperar de los hombres representativos del Espíritu justiciero de la Nueva España. Alanís, 6 de Mayo de 1938 II AÑO TRIUNFAL “ Aunque a lo largo del escrito se note un cierto afán laudatorio hacia el Nuevo Régimen, especialmente al final, cuando se alude al “Espíritu (con mayúsculas) justiciero de la Nueva España”,y al margen del mismo aparezcan estas expresiones, enmarcadas en un doble signo de admiración, “¡¡SALUDO A FRANCO!! ¡¡ARRIBA ESPAÑA!!”, no cabe la menor duda que esos 18 jornaleros demostraron una gran determinación y valor a la hora de defender sus derechos, inmersos como estaban en un régimen político de dictadura militar en un país en guerra civil, y en una zona de retaguardia totalmente controlada por los militares y las fuerzas derechistas, donde lo más corriente, sobre todo a partir de la terminación de la Guerra, sería las denuncias contra los propios jornaleros, muchos de los cuales habían tenido que abandonar el pueblo ante el temor de perder su propia vida. Así que esta es una denuncia atípica para aquella época. Para la instrucción de la causa se nombró como Juez Militar Eventual al teniente del 28º Regimiento de Cazadores de Taxdir, 7º de Caballería, Pedro Gómez Gallego, el cual nombró como secretario al soldado Manuel Partida Cózar. Lo primero que hizo el juez militar instructor fue tomar declaración a cada uno de los denunciantes entre los días 11 y 13 de Mayo de 1938, preguntando a cada uno de ellos las cantidades que se le adeudaban. Además se informó acerca de la promesa de Manuel Aguilar de abonar los jornales adeudados y sobre la orden dictada por el comandante militar de Alanís de no enviar más carbón a Sevilla hasta que no se hubiesen abonados dichos jornales. El comandante militar, mientras tanto, envió el día 12 un escrito al alcalde-presidente de la Comisión Municipal Gestora, Antonio Reyes Chavero, para que averiguara los bienes que poseía Francisco Alba Espínola. Se supone que el sentido de esta petición sería saber si en el supuesto de que tuviese que participar en el abono de los salarios contaba con los bienes suficientes para hacerle frente. La respuesta se produjo el mismo día. Después de haber revisado los padrones de la riqueza rústica y urbana de la localidad, informaba que solo era propietario de una casa, su lugar de residencia, sita en la calle General Queipo de Llano, nº 3. El juez militar instructor se desplazó hasta Sevilla y allí tomó declaración el día 14 de Mayo, no solo a Manuel Aguilar Romero, sino también a otros dos socios, José Reina Alfaro y Antonio Gil Sánchez, todos los cuales reconocieron que eran los empresarios mayoristas que le compraban el carbón a Francisco Alba Espínola, consiguiendo que cada uno de ellos aportara la cantidad de 395,55 ptas. para el abono de los jornales adeudados. De vuelta a Alanís, y entre los días 17 y 18 de Mayo, fue recibiendo en el cuartel de la Guardia Civil a cada uno de los jornaleros, entregándoles las cantidades adeudadas, que dependían del número de jornadas trabajadas y del precio de las mismas, pues ya sabemos que el jornal se incrementó para las últimas peonadas. Las cantidades límites cobradas oscilaron entre las 20 y las 142 ptas. En definitiva, en el transcurso de una semana el juez militar había conseguido que los jornaleros cobrasen los jornales que les debían, si bien la cantidad que cobraron era inferior a la que ellos reclamaron en su escrito de denuncia, una instrucción muy rápida, mucho más rápida que la practi- cada por los Tribunales militares de la época contra los elementos izquierdistas, a pesar de que las causas se instruían a través Procedimientos Sumarísimos y en algunos casos Procedimientos Sumarísimos de Urgencia. La celeridad en la instrucción de este caso no significa, ni mucho menos, que la justicia militar sea más efectiva que la ordinaria, pues soy de la opinión de que todas las jurisdicciones especiales deberían desaparecer, y que la administración de justicia debería ser exclusivamente civil y totalmente independiente de los otros poderes del Estado, algo que desgraciadamente estamos todavía lejos de conseguir, especialmente en España. El 20 de mayo de 1938 el comandante militar de Alanís se dirigió al Auditor de Guerra del Ejército del Sur para informarle que los empresarios de Sevilla habían abonado 1186,65 ptas., que se habían distribuido entre los jornaleros afectados por el retraso de los jornales y al mismo tiempo le solicitaba el archivo de la causa, titulada Información. El 9 de julio de 1938 el mencionado Auditor emitió un dictamen favorable respecto al archivo de la causa, cosa que fue ratificada por la Secretaría de Justicia de la Segunda División Orgánica el 27 de dicho mes. En fin, no se le pueden pedir peras al olmo, el caso se cerró sin la petición de las correspondientes responsabilidades a los empresarios implicados, salvo el abono de los jornales adeudados por parte de los socios de Sevilla, pero el empresario de Alanís salió completamente indemne, como seguramente le pasará al empresario lepero. Pero al menos los trabajadores de Alanís cobraron la mayor parte de sus salarios, algo que yo no veo nada claro en el caso de los trabajadores inmigrantes de la finca de Cartaya, y eso es muy grave,teniendo en cuenta que dicen que vivimos en una sociedad democrática. ¿ De verdad? Antonio Rojas Romero Licenciado en Historia General

lunes, 1 de julio de 2013

¿Qué pasará con las pensiones?

Como ya sabemos el gobierno ha encargado un informe a una comisión de 12 expertos respecto a la sostenibilidad del sistema de pensiones en nuestro país. Pero hay algo sospechoso: nada más que 10 de esos "sabios" están relacionados con la banca o con compañías de seguros. Su diagnóstico, simplificando mucho, consiste en que las futuras pensiones no tendrán más remedio que caminar a la baja, pues en caso contrario el sistema naufragaría. Para combatir este enfoque claramente neoliberal, los profesores universitarios Juan Torres y Vicenc Navarro han publicado una nueva versión del libro titulado "Lo que debes saber para que no te roben la pensión, cuya primera edición corrió a cargo de ATTAC. En dicho libro arremeten contra cada una de las mentiras que se esgrimen para justificar un recorte de las pensiones, argumentando que lo que se debe hacer es intentar solucionar el problema por la vía del aumento de los ingresos y no exclusivamente a través de la disminución de los costes. Para ello sería indispensable el aumento de la masa salarial, cosa que solo se podría conseguir luchando decididamente contra el paro y aumentando la productividad de la propia mano de obra. El libro fue presentado el pasado viernes por la tarde en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, contando con la asistencia de uno de sus autores, Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad hispalense y del defenestrado exdefensor del pueblo andaluz, Antonio Chamizo, el cual realizó la introducción del acto. En el coloquio final le planteé dos cuestiones al profesor Torres. Una relacionada con las desgravaciones de los planes de pensiones, algo a mi parecer injusto, puesto que benefician mayoritariamente las personas de mayor renta; otra respecto a la posibilidad de que la financiación del sistema de pensiones pudiera llevarse a cabo en parte desde los presupuestos generales del Estado, siempre y cuando se procediese a una reforma fiscal auténticamente progresista. En su respuesta, el señor Torres estuvo de acuerdo en ambos supuestos.