El proyecto de dragado de la ría del Guadalquivir aguas abajo de Sevilla se ha convertido en un asunto muy polémico desde hace ya varios años, con posiciones muy opuestas entre distintos colectivos e instituciones, con fisuras incluso dentro de los mismos organismos que lo apoyan.
Las entidades favorables al proyecto, capitaneadas por la Junta de Obras del Puerto de Sevilla, utilizan argumentos de orden económico y social, tales como la instalación o la ampliación de factorias cerca del puerto de Sevilla, o el aumento del turismo de cruceros, factores que contribuirían a crear hasta 20.000 nuevos puestos de trabajo, en una ciudad enormemente afectada por la lacra del paro.
Por el contrario, los oponentes piensan que el dragado sería, como dice la expresión clásica, pan ( y no mucho) para hoy y hambre para mañana. Si se llegase a materializar, desoyendo las advertencias de la comunidad científica, tendría muy graves repercusiones, tanto de orden económico como medioambiental, pues tendría unos efectos muy negativos sobre la salinidad, provocando un fuerte aumento de la misma, y también sobre las partículas en suspensión, ya que provocaría un aumento de la turbidez del agua paralelo a un fuerte proceso erosivo de las márgenes del río.
Hace solo unos días que la Autoridad Portuaria de Sevilla ha enviado el proyecto a Puertos del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Fomento, pero para materializar el proyecto se tiene que contar también con la aprobación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medioambiente, y de la Consejería correspoindientte de la Junta de Andalucía, e incluso, por aportar un 80% del coste del proyecto (unos 31 millones de euros), con la Comisión europea.
No se conocen todavía los informes ministeriales y en cuanto al punto de vista de la Junta de Andalucía, según las últimas manifestaciones del titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, estaría en contra del actual proyecto, a la espera de una DIA (Dictamen de impacto medioambiental). De todas maneras, a este organismo le compete elaborar un informe sobre la afección del dragado a la zona del Bajo Guadalquivir y muy especialmente a las marismas de Doñana.
Recientemente se ha creado en Sevilla una plataforma de apoyo al proyecto de dragado de la ría del Guuadalquivir. En ella se han integrado la Cámara de Comercio, Industria y Navegación; la Confederación de Empresarios de Sevilla (CEA); y las direcciones provinciales de los sindicatos UGT y CC. OO., apadrinados todos ellos por la Autoridad Portuaria de Sevilla. Pero incluso en el seno de esta plataforma ya se han producido fisuras. Así, el presidente provincial de ASAJA, Pedro Serra, ha criticado el Proyecto, que según su opinión afectaría muy negativamente a los regantes del Bajo Guadalquivir, los cuales, en su inmensa mayoría, toman el agua directamente del río, cuyo índice de salinidad aumentará indefectiblemente con el dragado. También, dentro la misma CC.OO. ha surgido una cierta discrepancia, pues el supuesto aumento de puestos de trabajo en la ciudad de Sevilla se haría en parte a costa de la pérdida de empleos en otros puertos andaluces, en los cuales disminuiría el tráfico de mercancias y de turistas, tales como los de Huelva, Cádiz y Algeciras.
En relación con este candente tema, se celebró el pasado jueves, 11 de abril, una jornada en el salón de actos del Pabellón de México, organizada por el Vicerrectorado de la Universidad de Sevilla, y con la colaboración de la COAG, Ecologistas en acción y WWF.
No hace falta ser ningún superdotado para darse cuenta de que todas las intervenciones fueran contrarias a la materialización del proyecto de dragado, atendiendo a la relación anterior, aunque no se refirieran todas expresamente al proyecto en curso, sino también a las intervenciones anteriores. El mismo título de la jornada lo ponía claramente de manifiesto: "Proyectos en el estuario del Guadalquivir".
No fue posible escuchar el punto de vista de la Autoridad Portuaria de Sevilla, a pesar de que en el programa figuraba una ponencia titulada "El proyecto de profundización del dragado del Guadalquivir", asignada precisamente a un portavoz de dicho organismo. Pero nadie se presentó, debido quizás, según me aclaró alguno de los ponentes, a que habían declinado la invitación al conocer la identidad del resto de los participantes, todos contrarios al actual proyecto.
Se trataron practicamente todos los aspectos relacionados con el proyecto del dragado, desde los propiamente geográficos, de los que se ocupó en la primera ponencia el catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla, Leandro del Moral, hasta un panel de experiencias, con intervenciones relacionadas con el turismo, la pesca, la agricultura responsable, la energía y las piscicultura, pasando por el análisis de los estudios científicos sobre el estuario del río Guadalquivir, ponencia capitaneada por Miguuel Ángel Losada, los megaproyectos, a cargo de Manuel Delgado, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Sevilla, y el punto de vista de las dos entidades ecologistas colaboradoras, a través de las ponencias de Eva Henádez, en nombre de WWF, y de Lola Yllescas, en nombre de Ecologistas en acción.
Todos vinieron a confluir en que antes de acometer cualquier acción relativa al aumento de la profundidad del lecho del río, habría qque acometer una serie de obras de mejoras, tales como la protección de las márgenes del mismo, y la eliminación de forma más natural de los sedimentos depositados en el cauce, llegándose hasta la conveniencia de derribar la presa de Alcalá del Río, que ya no ejerce función alguna, al estar practicamente colmatada por los sedimentos. Ello contribuiría a limpiar el fondo del río con agua dulce. Además, piensan que se han exagerado las previsiones en la creación de puestos de trabajo, por ejemplo, con la llegada de más turistas de crucero. Dichos turistas suelen venir en régimen de todo incluido y el gasto que desarrollarían en la ciudad de Sevilla sería ínfimo, teniendo en cuenta además que sería en calidad de puerto de escala y no de embarque. Por otro lado, la materialización del proyecto en las circunstancias actuales (cosa distinta sería si se subsanasen lios problemas actuales) conllevaría serios efectos negativos para el cultivo del arrozal, la pesca, las actividades de piscifactorias y para el entorno del propio parque de Doñana.
En la mesa redonda final, titulada "Propuestas de futuro para el Estuario", donde participaba en representación de la Junta un director general, le pregunté que no entendía cómo siendo un miembro del PSOE, el señor don Manuel Fernandez González, presidente de la Autoridad Portuaria, su postura no coincidía con la de la propia Junta. La respuesta no me satisfizo en absoluto, pues me dijjo que ese cargo lo nombra el gobierno central, pero a propuesta de la Junta. Conclusión: no se puede estar nadando y al mismo tiempo guardar la ropa. Así lo único que se consigue es que le vean a uno el plumero.
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