A la memoria de un buen amigo A la memoria de un buen amigo La última vez que tuve la satisfacción personal de charlar con Manolo Oliva fue a propósito de una reunión de antiguos amigos, convocada expresamente por nuestro amigo común, Mario Blanco, en su casa de campo del Cerro Gallego. Eso ocurrió el sábado 26 de junio de 2010. Pasamos un buen rato, si bien he de manifestar que el largo período de tiempo transcurrido desde que éramos jóvenes, aproximadamente 40 años, había hecho mella en las relaciones entre todos nosotros, pues cada cuál había tenido una trayectoria personal específica. De todas maneras, repito, lo pasamos bien. En dicha ocasión yo lo encontré aparentemente bien, aunque sabía que había estado enfermo e incluso que se había sometido a una operación quirúrgica. De hecho yo mismo le había hecho una visita durante su estancia en el hospital Macarena. Consideré por tanto que ya estaría recuperado. Por eso cuando me enteré de que había empeorado, lo llamé por teléfono y entonces comprobé de manera fehaciente que estaba ya muy grave, tanto que fue incapaz de sostener conmigo una conversación normal. Me ví obligado a acortar nuestro contacto. Poco después nos dejaba. Aunque es cierto que en los últimos tiempos teníamos únicamente unas relaciones esporádicas, yo lo seguía considerando como mi amigo, y siempre le preguntaba a mi hermana, que visita el pueblo más a menudo que yo, si lo había visto y cómo estaba. En contra de la moda de las llamadas redes sociales, considero muy importante la proximidad y el roce permanente para mantener una buena amistad. Pero mi amistad con Manolo data de la segunda mitad del decenio de 1960 y se fue fortaleciendo a base de experiencias personales compartidas. A nuestra manera, pasamos buenos momentos. Aquí se incluyen algunas salidas a las poblaciones próximas, como Guadalcanal o Cazalla . La primera coincidió con mi ingreso en el servicio militar el año 1968. No lo recuerdo con nitidez, pero la excursión no terminó muy bien, puesto que yo, como depositante del fondo que organizamos, decidí coger el coche de alquiler de vuelta al pueblo, ante el cariz que iban tomando los acontecimientos, ya que unos despabilados de ese pueblo pretendieron beber y comer a nuestra costa. La escapada a Cazalla fue posterior y le sirvió a Manolo para soltarse al volante de la primera furgoneta que compró, un modelo de la marca Citröen. En esta ocasión nos acompañó Mario, y después le gastábamos bromas en el sentido de que había eliminado todos los jaramagos de la cuneta de la estrecha carretera que une Alanís con Cazalla , pues nos fuimos a través de San Nicolás del Puerto. También tuvimos un estrecho contacto a principios de los años 70, ya que tuvimos sendas novias en Guadalcanal Sin duda alguna, Manolo puede ser considerado como un adelantado de lo que hoy denominamos emprendedor. Abandonó su profesión anterior, la de carpintero, con una primera fase en el taller de carpintería de Alfonsito, seguida de otra en Sevilla, y partiendo prácticamente de cero se convirtió en almacenista y representante comercial. Los inicios no fueron fáciles, pues en un pueblo pequeño había ya dos firmas consolidadas, la de los Romeros y la de Adriano. Cada una de ellas tenía un producto simbólico: la primera la cerveza Cruz del Campo; la segunda, la Estrella del Sur. Manolo representó a la San Miguel. Trabajó con tesón y extendió su radio de acción a poblaciones cercanas, como Guadalcanal y San Nicolás del Puerto. Así fue como llegó a crear una empresa próspera en un ambiente de una tremenda competencia. Por eso su trayectoria como empresario tiene mucho mérito, sin desmerecer, por supuesto, la efectiva colaboración de su mujer, Reyes, así como la de sus hijos. Termino ya. Que triste es ver como los amigos nos van abandonando. Ello nos produce una gran nostalgia. Sin embargo, siempre nos quedará el recuerdo emocionante de haber tenido la dicha de disfrutar con los buenos amigos. Eso no se borra nunca. Amigo Manolo, ¡hasta siempr Antonio Rojas Romero

a las personas pertenecientes al estamento eclesiástico que no pagaban impuestos directos. Aquí se incluirían 4 clérigos seculares y 37 regulares (20 frailes basilios del monasterio de San Miguel de la Breña y 17 monjas clarisas). Concluyendo, podemos decir que los habitantes de la villa de Alanís estaban sometidos a una fuerte presión fiscal a mediados del siglo XVIII, máxime teniendo en cuenta las escasas contrapartidas que obtenían a cambio, pues las administraciones de la época no se preocupaban prácticamente de prestaciones sociales que hoy día consideramos fundamentales, tales como la educación y la sanidad. Aunque al paso que vamos en los últimos tiempos el Estado español va desatendiendo gradualmente estos servicios públicos, con el socorrido argumento de la crisis actual.

Permítanme unas reflexiones finales. Intentaré responder a la siguiente pregunta: ¿Ha cambiado mucho el panorama fiscal en nuestro pais en estos dos siglos y medio? La respuesta no puede ser un sí contundente, a pesar de las sucesivas reformas fiscales y de que el artículo 31.1 de la Constitución vigente preconiza “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”:

1. En el Antiguo Régimen ya hemos dicho que era el estamento conocido con los nombres de ciudadano (impropiamente) y Tercer Estado el que afrontaba la mayor parte de los impuestos. En la actualidad ese papel lo desempeñan las denominadas “clases medias”, muy especialmente los funcionarios y los empleados que cobran mediante nóminas. A través del mecanismo de las retenciones no tienen ninguna opción de escapar a las garras del fisco.
2. ¿Quiénes ocupan el papel de los estamentos privilegiados? Aquí podemos establecer dos niveles. Por un lado estarían las grandes fortunas y las empresas multinacionales. Legalmente se pueden beneficiar a través de mecanismos legales puestos a su disposición, tales como los SICAVs ( Sociedades de Inversión de Capital Variable), o las ETVEs (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros). Pero además siempre les queda el recurso infalible de los paraísos fiscales, que absolutamente ningún organismo internacional está dispuesto a eliminar :solo hacen planteamientos retóricos que ya nadie se cree. Aparte está, obviamente, la Iglesia Católica, cuyos jerarcas se han olvidado totalmente del compromiso de autofinanciación que prescribieron en los famosos Acuerdos de enero de 1979. Tampoco quieren perder los privilegios fiscales que arrancan del Concordato de 1953. Hasta ahora solo tributan por el IVA, pero en virtud de una directiva de la Unión Europea. El presidente de la Conferencia episcopal ha amenazado incluso con una drástica reducción de la ayuda asistencial a través de Cáritas, sabiendo de sobras que su aportación a la misma fue solo de un raquítico 2,17%.
3. El sistema tributario español es también injusto en el sentido de que priman los impuestos indirectos (que los pagamos absolutamente todos) sobre los directos, que son proporcionales a la capacidad económica del contribuyente, sea una persona física o una empresa. Esta situación se agravará con toda seguridad por la inminente subida del IVA. Pero además, incluso dentro de los impuestos directos, las rentas del trabajo suponen una mayor aportación que las rentas derivadas del capital, diferencia mitigada por la crisis actual.
4. Por último quiero referirme al empleo de los fondos públicos. En una situación de crisis profunda florecen por doquier los casos de corrupción. Numerosos cargos públicos están inmersos en procesos judiciales. Prácticamente no se libra ninguna institución. Los casos son interminables: Gürtel, Palma Arenas, Urdagarín, EREs, Dívar, etc. Mientras tanto, las grandes prestaciones sociales del Estado del Bienestar se van deteriorando y los servicios públicos se van privatizando. Es hora ya de una profunda regeneración de la clase política, requisito indispensable para una regeneración del paìs. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no haya políticos honrados y honestos, pues la inmensa mayoría lo son. Pero hay unas ovejas negras que hay que eliminar y no vale el consabido “y tú más”. La clase política debería servir para resolver los problemas de los ciudadanos y no constituir precisamente la tercera de las preocupaciones de los españoles. (3)

Bueno, ya está bien. Quizás me haya pasado en el prólogo, pero considero interesante hacer algunas aclaraciones históricas. Ahora es el momento de referirme concretamente a analizar los principales aspectos fiscales de la villa de Alanís, basándome fundamentalmente en algunas respuestas recabadas por la comisión creada “ad hoc”. ¿Por qué me refiero exclusivamente a los aspectos tributarios? Por varias razones. Primera, por ser un tema de la máxima actualidad, debido, entre otras razones, a la reciente y polémica amnistía fiscal decretada por el actual gobierno español. Segunda, por la resistencia numantina ejercida por la jerarquía católica española respecto al pago del IBI, en los numerosos inmuebles que tiene la Iglesia Católica no afectos directamente al culto religioso. Tercera y última, porque casualmente mientras redacto estas líneas estoy también confeccionando la declaración del IRPF, siendo consciente del elevado espíritu cívico que se requiere para cumplir fielmente con las obligaciones tributarias ante la avalancha interminable de casos de corrupción, con la dilapidación sistemática de los fondos públicos.

Una primera cosa que hay que tener en cuenta es que la villa de Alanís era una población de realengo. Esto es importante desde el punto de vista fiscal, pues al depender directamente de la Corona las entidades de realengo estaban sometidas a una menor presión tributaria. La explicación de esto es muy sencilla. Las familias nobiliarias habían adquirido el señorío jurisdiccional a cambio de entregar una cantidad de dinero a la Hacienda Real. Por lo tanto, era como una inversión a largo plazo, que, naturalmente, los sufridos contribuyentes, llamados despectivamente “pecheros”, tenían que afrontar.

¿Qué cargas tributarias afectaban a las tierras del término municipal de Alanís? Las tres contribuciones sobre los denominados “bienes raíces”, de acuerdo con la terminología de la doctrina económica de la fisiocracia, entonces en boga, tenían un rasgo común: todas beneficiaban a instituciones religiosas. El diezmo se destinaba casi en su totalidad para el Cabildo catedralicio de Sevilla; las tercias de pan y maravedíes iban destinadas al Monasterio de la Cartuja de Sevilla; las primicias se las repartían, por mitades, entre el cura del pueblo y los beneficiados de la parroquia local. Todavía me acuerdo que cuando era niño el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia era precisamente “pagar los diezmos y primicias”, aunque en teoría los diezmos quedaron eliminados con la reforma tributaria llevada acabo por el entonces ministro de Hacienda, don Alejandro Mon, en 1844. Pero además estaba el impuesto del voto, que se pagaba a la Santa Iglesia de Santiago de Compostela.

¿Cuál era el valor en especie y en metálico de dichas cargas? El Cabildo de la catedral de Sevilla recibía una media anual de 457 fanegas, 4 almudes y 3 cuartillos de trigo. También recibía 228 fanegas, 8 celemines y 1 cuartillo de cebada. Si tenemos en cuenta que los pagos en moneda suponían anualmente 142.924 maravedíes, traducido todo a dinero metálico, hacían un total de 13.351 reales y 5 maravedíes. El Monasterio de la Cartuja de Sevilla recibía al año una media de 130 fanegas y 8 celemines de trigo; 65 fanegas y 4 celemines de cebada; y aparte 33.954 maravedíes. En dinero metálico suponía todo 3.612 reales. A su vez, las monjas del convento de Santa Clara conseguían anualmente 3.082 reales y 2 maravedíes. En definitiva, todos los diezmos que pagaban las tierras del término municipal de Alanís ascendían anualmente a 20.141 reales. Las primicias suponían 1.200 reales. Aparte hay que tener en cuenta el pago del voto que ascendía a 1.100 reales al año.

Ni que decir tiene que las cargas tributarias que afectaban a los vecinos de Alanís no se agotan con la relación anterior. Además había una serie de impuestos, unos directos como los servicios ordinarios y extraordinarios, votados por las Cortes; otros indirectos, como las alcabalas y los millones, que suponían una pesada carga para los pobladores no pertenecientes a los estamentos privilegiados, aunque de los indirectos no se libraba nadie. Teniendo en cuenta que según el mencionado Catastro la población de la localidad era de 240 “vezinos” (sic) y que este término se equipara al actual de familia, aplicando un coeficiente de 3,8 miembros por cada unidad familiar, nos saldría una población aproximada de 912 habitantes. Si además consideramos que en el pueblo había 234 jornaleros, con escasas posibilidades de tributar, y lo que es peor, 30 “pobres de solemnidad”, con nulas posibilidades de contribuir al fisco. Pero hay más, tenemos que descontar (2

El catastro de Ensenada. algunos aspectos fiscales relacionados con la villa de Alanís

El Catastro de Ensenada: algunos aspectos fiscales relacionados con la villa de Alanís

Por un real decreto, firmado por el rey Fernado VI en el palacio del Buen Retiro, el 10 de octubre de 1749, se inició el proceso conocido históricamente como el Catastro de Ensenada. Se trataba de confeccionar un inventario lo más exhaustivo posible de todas las rentas pecuniarias de las 22 provincias en las que estaba dividida entonces el territorio de la Corona de Castilla. No hace falta advertir que dicha división provincial no coincidía con la actual, pues, a título de ejemplo, Andalucía constaba solo de cuatro provincias, coincidentes con los antiguos reinos medievales: Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada. Por consiguiente, el Catastro no afectaría a los territorios pertenecientes a la Corona de Aragón, es decir, Cataluña, el reino de Aragón, el reino de Valencia y las Islas Baleares. Pero tampoco se incluyeron los territorios forales: las Provincias Vascas y el Reino de Navarra. También quedó fuera el archipiélago canario.

¿Y por qué se llama de Ensenada? Muy sencillo. Porque el principal impulsor del proyecto fue don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada. Desempeñaba el cargo de Secretario de Estado y del Despacho Universal (antecedente del actual Ministro) de Hacienda, Guerra, Marina e Indias. Fue un personaje reformista, imbuído por el espíritu de la Ilustración y forma parte de la pléyade de ministros ilustrados que intentaron mejorar las condiciones de vida de los súbditos de la monarquía borbónica del siglo XVIII, pues hay que tener en cuenta que los tres primeros reyes de esa dinastía, si bien no eran unos individuos fuera de serie, tuvieron una importante virtud: saber elegir a sus colaboradores más directos (aunque no pertenecieran al estamento nobiliario).

La finalidad fundamental que se pretendía era impulsar una ambiciosa reforma fiscal, que, tal como se reflejaba en el real decreto, sustituyese las injustas, complejas e ineficientes Rentas Provinciales por una Única Contribución, “contribuyendo cada vasallo, a proporción de lo que tiene, con equidad y justicia”. Se trataba, pues, de una pretensión sumamente utópica, pues no solo se intentaba que pagasen impuestos los llamados estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, que prácticamente estaban exentos, sino que además introducía un matiz progresivo en la imposición, estableciendo la proporcionalidad. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que el proyecto fracasara, debido fundamentalmente a la fuerte oposición de los grupos privilegiados, aunque hay que tener en cuenta también el propio cese del marqués de la Ensenada por rivalidades en la política exterior y la entrada en un proceso depresivo del rey Fernando VI, provocado por la muerte de su mujer, Bárbara de Braganza. En definitiva, lo que se pretendía era aumentar los recursos de la Hacienda Real que estaba en una situación lamentable, especialmente por la participación de España en una serie de guerras dinásticas que entonces afectaron a Europa. En el fondo estaba la ambición de la segunda mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio, por colocar a sus hijos, Carlos y Felipe, al frente de territorios italianos, cosa que al fin consiguió.

Para conocer todos los aspectos demográficos, económicos y sociales se envió a cada una de las 14672 entidades de población un cuestionario de 40 preguntas. Ello requirió el envío de una comisión, presidida por el máximo cargo a nivel provincial, es decir, el intendente, aunque a veces era sustituído por otra persona. Así en el caso de Alanís, la comisión que se reunió el 1 de septiembre de 1751 estuvo presidida por el corregidor de la ciudad de Carmona. Dicha comisión estaba asesorada por personas de la propia localidad que, bajo juramento, prestado ante el cura, contestaban a cada una de las preguntas. Es lo que se conoce como las Respuestas Generales, que constituyen una fuente inestimable para la investigación histórica de mediados del siglo XVIII, por su elevada fiabilidad, lo cual no es óbice de que haya que ser precavido ante los datos aportados, pues, a pesar del juramento, las respuestas pueden no corresponder a la realidad, especialmente cuando se refieren a la calidad del suelo.

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